Mientras el Colegio de Corredores Inmobiliarios advierte que anular el decreto provocaría escasez de oferta y aumentos descontrolados, la Asociación de Inquilinos sostiene que el posible regreso de la Ley 27.551 aportaría certidumbre a las familias y frenaría la especulación.
El tratamiento del DNU 70/23 en el Congreso Nacional genera expectativas y preocupaciones en el sector inmobiliario de San Juan. Por un lado, las inmobiliarias apoyan la vigencia de la derogación de la Ley de Alquileres sancionada durante el Gobierno anterior, mientras que los inquilinos consideran que será beneficioso un posible rechazo del decreto nacional, generando mayor certidumbre para los locatarios a la hora de negociar un contrato y volver al régimen de la normativa anterior.
La postura de las inmobiliarias
Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios aseguraron que el rechazo de la derogación de la Ley de Alquileres generará un perjuicio en el mercado. “Sería muy dañino volver a la ley anterior, a la ley derogada, porque hoy hay una cantidad de inmuebles en oferta de alquiler más de un 30% superior a la que había con la ley anterior”, indicó Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, a Tiempo de San Juan.
“Entonces, si se vuelve a la ley anterior, vamos a la escasez de alquileres y al aumento de precio descontrolado. Porque por más que no haya la inflación de antes, volver a un aumento anual va a hacer que se incrementen los valores iniciales”, continuó.
Así, para el rubro, la vuelta a la norma anulada por el Ejecutivo crearía un marco de intervención, frente al libre mercado que propone su derogación. Para Pérez Tinto, esto ocasionaría que muchos propietarios retiren a sus propiedades de la oferta inmobiliaria y vuelvan a ofrecerlos como arrendamientos temporarios de manera oculta. “Vamos a volver a la poca oferta, a la lista de espera de inquilinos y al aumento de precios iniciales; todo eso quita inmuebles en alquiler para pasarlos a la venta. Seguramente se va a volver a las malas prácticas de hacer alquileres temporarios encubiertos para no entrar en la ley de alquileres”, señaló.
Inquilinos con expectativas y preocupación
En tanto, la Asociación de Inquilinos de San Juan está a favor de la revocación del DNU 70/23 y el posible regreso de la normativa anterior de alquileres. Al respecto, Víctor Bazán, presidente de la entidad, dijo que: “Cualquier estudiante de Derecho o persona que sepa de abogacía sabe que el Decreto 70/23 es ilegal. Las modificaciones al Código Civil no se pueden hacer a través de un decreto, sino que deben realizarse mediante otra ley”.
Para los locatarios, la vuelta de la vigencia de la Ley 27.551 permitiría darle mayor certidumbre a las familias que alquilan una vivienda y evitaría de alguna manera la especulación inmobiliaria.
A su vez, exige modificar la ley de comisiones inmobiliarias en la provincia para evitar que los cobros recaigan indebidamente sobre los inquilinos.
La anterior Ley N° 27.551 (conocida como Ley de Alquileres) modificó el Código Civil y Comercial argentino para regular las locaciones urbanas, estableciendo un plazo mínimo de tres años para los contratos de alquiler. Para los inmuebles con destino habitacional, determinó un límite de un mes de depósito en garantía y dispuso que la actualización del canon locativo fuera de carácter anual, calculada mediante un índice oficial (ICL) elaborado por el Banco Central que combinaba inflación y evolución salarial.
Asimismo, reguló el reparto de expensas imponiendo las extraordinarias a cargo del propietario, amplió las opciones de garantías que el inquilino podía presentar, fijó el procedimiento para reparaciones urgentes y la rescisión anticipada, y estableció la obligatoriedad de registrar los contratos ante la AFIP.